El mundo del lobby de los grupos de presión ha evolucionado en los últimos años, saliendo de las sombras y convirtiéndose en un ámbito profesionalizado, más transparente, capaz de abrir y fortalecer canales democráticos de comunicación e influencia entre empresas, organizaciones y los poderes públicos. Uno de los pioneros de su estudio en España es Rafa Rubio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y consejero presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, quien conversó con PROA Comunicación sobre los retos de este campo.
Rafa Rubio también es, entre otras responsabilidades, director del Grupo de Investigación sobre tecnología y democracia (i+dem) en la Complutense, un experimentado consultor político, y miembro del Comité Académico de la Red Mundial de Justicia Electoral. Por ello, abordamos materias como la transparencia, la comunicación política o la regulación de las plataformas tecnológicas.
El mundo del lobby ha cambiado, y a los tradicionales grupos de presión le ha seguido un gran interés por los asuntos públicos. ¿Por qué es importante que una empresa u organización tenga una estrategia profesionalizada en este ámbito?
Hoy en día casi todos los aspectos de la vida de una persona y de la actividad de las empresas tienen una relación directa con las instituciones públicas. Hay infinidad de aspectos en los que cualquier organización necesita relacionarse con las administraciones y poderes públicos. Así que hacerlo de una manera profesional y con expertos es la mejor manera de defender sus intereses.
En otras palabras, como las empresas ya no pueden vivir al margen de las instituciones para desarrollar un negocio, es recomendable que se relacionen con ellas de forma profesional, estructurada, y no de manera improvisada o al viejo estilo de los llamados conseguidores que prometían acceso a ciertos contactos.
Ante estas nuevas necesidades y desafíos para las empresas, ¿qué características debe tener un proveedor ideal de servicios de asuntos públicos y de comunicación corporativa?
El lobby tiene cuatro ingredientes que son esenciales: un elemento comunicativo fuerte; capacidad de interlocución con los actores públicos, tanto por su conocimiento de las personas que toman decisiones como del procedimiento por el que se toman; un buen expertise en la materia sobre la que se quiere influir; así como un buen conocimiento jurídico, que es una ventaja competitiva clara. Además, todo ello debe contar con una visión estratégica que reúna de manera coherente a esos cuatro elementos.
Es decir, podríamos hablar de un equipo de comunicadores, politólogos y abogados, pero integrando esas especialidades en un mismo enfoque estratégico.
En otros países marcas importantes han tomado un papel de activistas en temas sociales, medioambientales, etc. ¿Consideras que en España existe esa oportunidad?
Las grandes empresas españolas viven en este clima global, muchas son participadas o directamente son compañías internacionales, y por lo tanto se ven afectadas por esta tendencia. El activismo del CEO adquiere formas distintas y muchas veces sobrepasa a la figura del primer ejecutivo, trasladándose a las decisiones y medidas adoptadas por las empresas.
No obstante, existe la sensación de que en otros países se está empezando a reconsiderar esta estrategia, y tal vez hasta cierto punto en España estamos llegando tarde a algo que podría estar en retirada. Es cierto que ha estado muy de moda en los últimos años, pero parece que se está suavizando, pensando en las implicaciones estratégica que tenían estas decisiones a veces arriesgadas.
La inteligencia artificial y las grandes plataformas tecnológicas generan temor por su capacidad de transformación de la realidad, así como por el uso de nuestros datos personales. ¿Estamos pensando bien la manera de regular estos fenómenos?
La línea adoptada por la Unión Europea está a la vanguardia de la regulación, y en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, tienen puesto un ojo en lo que se hace en esta materia tan sensible en la UE. El hecho de ser pioneros supone riesgos, estoy seguro de que habrá modificaciones en la regulación, pero creo que se está haciendo un buen esfuerzo, tanto en regulación de plataformas como de la inteligencia artificial. La UE está siendo valiente y , en términos generales, avanza por el buen camino, sin que eso signifique que no vayan a cometer errores.
Pero uno de los elementos esenciales, ya que estamos hablando de plataformas de comunicación, tiene que ver con la libertad de expresión. Dado el clima apocalíptico o de pánico que vivimos, considero que podemos estar yendo más allá de lo que deberíamos. El enfoque de la UE es exigir grandes responsabilidades a las plataformas sociales para que, entre otras cosas, controlen los contenidos, pero no estamos poniendo las mismas garantías para que esas decisiones internas que toman las empresas tecnológicas respeten los principios democráticos.
El hecho de que estas plataformas sean eficaces en las responsabilidades que le están asignando las autoridades no es excusa para que no sean respetuosas con los derechos fundamentales que están en juego.
Se habla mucho de transparencia, pero en el caso del sector privado, ¿qué papel está jugando en el gobierno y en la comunicación corporativa? ¿Qué grado de avance detectas?
La transparencia ha dejado de estar de moda, oímos menos hablar de ella, y eso que podría parecer una mala noticia es buena, porque hay menos postureo y más realidad. Se ha consolidado la transparencia como un elemento necesario, obligatorio. Hemos visto cómo determinados principios básicos vinculados con la transparencia y con la gobernanza se han normalizado en la vida empresarial. Hay una serie de información que es impensable que una empresa no ofrezca.
Así que estamos mejor que hace cinco años, se ha establecido una cultura básica de la transparencia en las empresas, pero tenemos que avanzar para pasar de la transparencia a la rendición de cuentas, y convertirla en un instrumento de gobernanza. Se trata de una visión más amplia en la que no sea solo dejar ver las cosas, sino que dejarlas ver nos obligue a hacerlas bien.
En política estamos en un contexto de campaña permanente, donde las estrategias de comunicación parecen fagocitar el verdadero contenido de la discusión democrática. ¿Hemos pasado de comunicar para gobernar a gobernar para comunicar?
La política tiene tres patas fundamentales: las políticas públicas, la política entendida como el arte de la negociación y el consenso, y la comunicación. No hay política moderna sin estos tres elementos. Pero cuando uno de ellos es preponderante, sucede como en un taburete, que se desequilibra porque hay una pata más larga que las otras.
Cuando la comunicación se convierte en el criterio principal para tomar decisiones, cuando los jefes de gabinete dejan de tener perfil político para tener perfil de comunicación, se le está dando un protagonismo que acaba deformando la política y las políticas. Hace que las políticas públicas no busquen tanto el transformar la realidad como impactar en la opinión pública. Y hace que la política no se haga como una búsqueda de consensos y negociación, sino solo de cara a la opinión pública.
El hecho de que todo esté al servicio de la comunicación y de sus efectos en el clima de opinión trastoca la lógica de la actividad política en democracia, tanto del gobierno como de la oposición.
Un buen ejemplo es el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, que es una decisión simbólica, comunicacional, que no afecta a una mejor elaboración de políticas públicas ni tampoco a la política en el sentido de favorecer consensos. La política hoy es sobre todo símbolo.
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