{"id":25170,"date":"2022-02-03T11:42:48","date_gmt":"2022-02-03T10:42:48","guid":{"rendered":"https:\/\/proacomunicacion.es\/?p=25170"},"modified":"2022-02-03T11:42:48","modified_gmt":"2022-02-03T10:42:48","slug":"purificacion-pujol-media-access-to-trials","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proacomunicacion.es\/en\/purificacion-pujol-acceso-de-los-medios-de-comunicacion-a-los-juicios\/","title":{"rendered":"Purificaci\u00f3n Pujol <span class=\"dash\">--<\/span>Media access to trials"},"content":{"rendered":"<p>Entre las caracter\u00edsticas esenciales que definen el juicio, es decir, presencia, debate y contradicci\u00f3n; realizaci\u00f3n de forma oral, y publicidad de la audiencia, esta \u00faltima no es la menos importante, sino que comparte con las otras su car\u00e1cter de esencial. Quiz\u00e1 sea innecesario aclarar que cuando se utiliza la expresi\u00f3n \u201caudiencia p\u00fablica\u201d nos estamos refiriendo no s\u00f3lo a que la vista oral est\u00e9 abierta a las personas que deseen estar all\u00ed, sino tambi\u00e9n a todos los altavoces medi\u00e1ticos, que son la vista y el o\u00eddo de otros muchos ciudadanos ausentes que tienen derecho a conocer la labor que realiza el tercer poder que los representa y que imparte justicia en su nombre: el Poder Judicial.<\/p>\n<p>El prop\u00f3sito de estas l\u00edneas es tratar, como anuncia su t\u00edtulo, sobre la presencia de los medios de comunicaci\u00f3n, tanto escritos como audiovisuales, en las salas donde se dirimen los juicios. Con este objetivo, pues, vamos a ir exponiendo nuestros argumentos a fin de dilucidar las razones que nos asisten y llegar a las conclusiones que m\u00e1s convengan al buen funcionamiento del derecho y de la justicia.<\/p>\n<p>La presencia de los medios de comunicaci\u00f3n en las salas donde se dirimen los juicios constituye en la pr\u00e1ctica una excepci\u00f3n, a pesar de que, como iremos demostrando, es un derecho de los ciudadanos expresado en la Constituci\u00f3n, en otras leyes que la desarrollan y en una copiosa jurisprudencia. Sin embargo, est\u00e1 siendo muchas veces postergada u olvidada sin argumentos, a pesar de que para denegarla \u201cexcepcionalmente\u201d (arts. 313 y 314 LEC y 680 LECrim) el juez debe dictar un auto fundamentado; no basta, pues, con que \u00e9ste diga \u201cno\u201d para celebrar un juicio a puerta cerrada o para evitar la presencia de los medios.<\/p>\n<p>As\u00ed pues, comenzaremos analizando varios preceptos que nos ilustran sobre la cuesti\u00f3n que debemos analizar.<\/p>\n<p>En primer lugar, la Recomendaci\u00f3n (2003) 13 del Comit\u00e9 de Ministros del Consejo de Europa sobre informaciones en medios de comunicaci\u00f3n sobre procedimientos penales, aprobada el 10 de julio de 2003, declara en su principio primero que el p\u00fablico debe poder recibir informaci\u00f3n sobre las actividades de las autoridades judiciales&#8230; Por tanto, los periodistas deben poder libremente informar y comentar el funcionamiento del sistema de justicia penal, sometidos solamente a las limitaciones que se mencionan en la propia Recomendaci\u00f3n.\u00a0 Las excepciones y limitaciones del derecho de informaci\u00f3n escrita o audiovisual est\u00e1n incluidas de forma general en el art. 120.1 CE, especificadas en distintas leyes y plasmadas en la jurisprudencia. Estas excepciones son:<\/p>\n<ul>\n<li>Las que puedan dificultar las pruebas o entorpecer el desarrollo del juicio.<\/li>\n<li>Las que vulneran el secreto del sumario.<\/li>\n<li>Las que incluyan declaraciones o im\u00e1genes de menores.<\/li>\n<li>Las que puedan violar o da\u00f1ar el honor, la honra o la dignidad (sobre todo en los delitos sexuales).<\/li>\n<li>Las que impliquen un peligro para las v\u00edctimas (por ejemplo, en la violencia de g\u00e9nero) o para los peritos, testigos y polic\u00edas, e incluso para los imputados.<\/li>\n<li>Las que afecten al anonimato obligatorio y a la reinserci\u00f3n social.<\/li>\n<li>Las que contengan im\u00e1genes o v\u00eddeos posiblemente morbosos o indecorosos (por ejemplo, cuando \u00e9stos deban ser exhibidos como prueba).<\/li>\n<li>Las que se refieren al orden y la seguridad, a las restricciones de espacio u otras circunstancias especiales.<\/li>\n<li>Las que puedan causar perjuicio a los individuos que est\u00e1n presentes en la sala por alguna causa concreta y extraordinaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se except\u00faa de estas limitaciones \u2014valga la redundancia\u2014 a los funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n<p>Aun con las excepciones ya enumeradas, pero teniendo en cuenta asimismo todas las argumentaciones hasta ahora expuestas, se deduce que la informaci\u00f3n p\u00fablica de los procesos es de gran relevancia porque incide en el derecho de expresi\u00f3n y de acceso a lo que sucede en las salas de audiencia, con el avance democr\u00e1tico que eso supone. Por ello debe permitirse a los medios de comunicaci\u00f3n escritos y audiovisuales la entrada en la sala. <strong>Es posible que las c\u00e1maras pongan nerviosos a algunos funcionarios o a otras personas, pero puede que resulten un alivio para los jueces, magistrados, fiscales, abogados y otros servidores de la ley, que no se ver\u00e1n acosados para que hagan declaraciones<\/strong>, algo sobre lo que, adem\u00e1s, el Acuerdo del Pleno del CGPJ de 5 de noviembre de 1986 ya expresaba su preocupaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el apartado I.2 se matiza una importante distinci\u00f3n entre: la publicidad interna (el derecho de las partes a acceder en condiciones de igualdad a las actuaciones judiciales) y la publicidad externa, que se transmite al exterior y que tiene que ver con las personas ajenas al proceso; \u00e9sta se divide a su vez en publicidad externa inmediata (la que se refiere a los ciudadanos presentes en la sala) y en publicidad externa mediata (la que traslada al resto de los ciudadanos lo que en la sala sucede). Y subraya que no s\u00f3lo es necesaria la primera, sino que debe garantizarse tambi\u00e9n la segunda.<\/p>\n<p>Esta publicidad mediata, adem\u00e1s de satisfacer un derecho constitucional, tiene efectos regeneradores, pues act\u00faa como prevenci\u00f3n de los delitos, extiende el conocimiento y ayuda a reforzar la conciencia de las normas entre los ciudadanos, d\u00e1ndoles confianza y actuando como agente ejemplificador de sus conductas. A mayor abundamiento, en el ep\u00edgrafe VI de la Instrucci\u00f3n 3\/2005, la STC n.\u00ba 57\/2004, de 19 de abril, destaca que \u201cla imagen enriquece notablemente el contenido del mensaje que se dirige a la formaci\u00f3n de una opini\u00f3n p\u00fablica libre\u201d, y \u201cla STC n.\u00ba 57\/2004, de 19 de abril \u2014que sin duda va a asumir el papel de <em>leading case<\/em> en la materia\u2014, ha fortalecido la posici\u00f3n favorable a la admisi\u00f3n de la grabaci\u00f3n audiovisual de juicios\u201d.<\/p>\n<p>En el mismo sentido, la Instrucci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General del Estado n.\u00ba 3\/2005, \u201cSobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicaci\u00f3n\u201d, resulta clara y aleccionadora y nos aporta una buena parte de los fundamentos de nuestro posicionamiento ante el tema y de los argumentos que vamos a utilizar.<\/p>\n<p>De otras sentencias del TC extrae obvias deducciones del principio general antes enunciado: \u201cLa libertad de informaci\u00f3n permite el ejercicio de otras libertades intelectuales&#8230;\u201d. \u201cEl derecho a la informaci\u00f3n cumple&#8230; el presupuesto del funcionamiento limpio de las instituciones democr\u00e1ticas. Por su parte, el aspecto pasivo de la libertad de informaci\u00f3n (la libertad para recibirla), se constituye en elemento b\u00e1sico para el logro del libre desarrollo de la persona, a\u00f1adiendo que sin los principios citados \u201cno hay sociedad libre ni, por tanto, soberan\u00eda popular\u201d (STC n.\u00ba 6\/1981, de 16 de marzo). Refuerza estos asertos con una gr\u00e1fica expresi\u00f3n que recoge de las SSTEDH de 25 de junio de 1992 y 29 de marzo de 2001: los <em>mass media <\/em>son el \u201c&#8217;perro guardi\u00e1n&#8217; de los derechos y libertades de los ciudadanos\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la Instrucci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General del Estado n.\u00ba 3\/2005, en su apartado I.1, expresa una declaraci\u00f3n general que describe los evidentes cambios experimentados por nuestra sociedad en cuanto a la informaci\u00f3n, afirmando que estos cambios constituyen un \u201celemento nuclear para la configuraci\u00f3n del Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho\u201d, y apoya este aserto en las SSTC n.\u00ba 21\/2000, de 31 de enero; n.\u00ba 158\/2003, de 15 de septiembre, y n.\u00ba 54\/2004, de 15 de abril.<\/p>\n<p>\u201cEs l\u00f3gico, pues, que quien integra el sujeto titular del poder pol\u00edtico \u2014el pueblo soberano\u2014 tenga conocimiento de la forma en la que los individuos a quienes ha confiado su ejercicio lo utilizan, ya se trate del legislador, del poder ejecutivo o de los jueces\u201d; y as\u00ed lo establece el ep\u00edgrafe I.1 de la citada Instrucci\u00f3n.<\/p>\n<p>La Instrucci\u00f3n, en su apartado I.2, contin\u00faa acotando sus primeras argumentaciones apelando a los dictados de la Constituci\u00f3n y haciendo gran acopio de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, de la que s\u00f3lo vamos a citar algunos ejemplos: \u201cLa publicidad del proceso tambi\u00e9n se configura como derecho fundamental y ello lleva a afirmar su posici\u00f3n preferente en el ordenamiento y correlativamente a interpretar restrictivamente las excepciones al principio general (<em>pro libertate<\/em>), como declara la STS n.\u00ba 168\/1995, de 14 de febrero\u201d&#8230; \u201cSi la justicia emana del pueblo (art. 117.1 CE), es decir, del titular de la soberan\u00eda (art. 1.2 CE), su administraci\u00f3n por Jueces y Magistrados debe serlo en su presencia directa bajo la forma de p\u00fablico, en la vista oral, y en la de quienes, en ejercicio del derecho de comunicar libremente informaci\u00f3n veraz por cualquier medio de difusi\u00f3n [art. 20.1 d) CE], transmiten a todos los dem\u00e1s ciudadanos lo que acontece en el proceso. Derecho que se corresponde con el que \u00e9stos tienen a recibir esa misma informaci\u00f3n veraz, fundament\u00e1ndose ambos en la naturaleza democr\u00e1tica de nuestro sistema constitucional\u201d. \u201cLa STC 30\/82, de 1 de junio, atribuye a los medios de comunicaci\u00f3n el papel de intermediario natural entre la noticia y cuantos no est\u00e1n en condiciones de conocerla directamente\u201d.<\/p>\n<p>Incluye otras aseveraciones extra\u00eddas de la Constituci\u00f3n, pues \u00e9sta \u201cacoge el principio de publicidad tanto en el art. 120.1 (&#8216;las actuaciones judiciales ser\u00e1n p\u00fablicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento&#8217;) como en el art. 120.3 (&#8216;las sentencias&#8230; se pronunciar\u00e1n en audiencia p\u00fablica&#8217;) y en el art. 24.2 (&#8216;&#8230;todos tienen derecho&#8230; a un proceso p\u00fablico&#8230;&#8217;)\u201d. La STC 178\/1993, de 31 de mayo, incide en que \u201cno cabe negar inter\u00e9s noticioso a hechos o sucesos de relevancia penal\u201d.<\/p>\n<p>Al hilo del citado ep\u00edgrafe, \u201cel derecho a recibir informaci\u00f3n veraz en relaci\u00f3n con los asuntos judiciales confluye, pues, con el principio de publicidad, estatuido por el art. 120.1 CE, irradiando efectos en una doble direcci\u00f3n: como derecho de las partes a que el juicio se celebre ante el p\u00fablico y como derecho del p\u00fablico a contemplar c\u00f3mo se administra la justicia\u201d (SSTC 96\/1987, 30\/1982 y 13\/1985). A su vez, la STC 96\/1987 enra\u00edza el principio de publicidad en el Estado de Derecho. Y abundando en la declaraci\u00f3n de esta \u00faltima sentencia, tambi\u00e9n aporta doctrina del TEDH, \u201cque respalda la del TC en el mismo sentido, resaltando &#8216;la doble finalidad del principio de publicidad: por un lado, proteger a las partes de una justicia sustra\u00edda al control p\u00fablico y, por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho&#8217;\u201d (SSTEDH de 8 diciembre 1983 y de 26 de junio de 1984, entre otras).<\/p>\n<p><strong>En aquellos procesos donde existe un inter\u00e9s p\u00fablico y los medios no tienen datos de primera mano, realizan su trabajo acudiendo a las partes o a otras fuentes y es muy posible que su informaci\u00f3n no sea imparcial o que se organicen medi\u00e1ticamente juicios paralelos<\/strong> que no respeten la presunci\u00f3n de inocencia o que causen graves perjuicios a cualquiera de las partes y a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso; por eso el Ministerio Fiscal u otros funcionarios autorizados deben proporcionar datos neutrales y veraces, respetando el sigilo que exijan las leyes y el secreto de las actuaciones cuando lo haya decidido el juez instructor; debe evitarse, sin embargo, la informaci\u00f3n privilegiada (la que se da s\u00f3lo a algunos medios, ignorando al resto) [principios 4.\u00ba y 5.\u00ba de la Recomendaci\u00f3n (2003)13]. Pero en la vista oral, una vez concluida la fase de instrucci\u00f3n, los medios tienen derecho a estar presentes, tal como dicta la Constituci\u00f3n y subraya la jurisprudencia. Adem\u00e1s, la STC 30\/1982, de 1 de junio, a\u00f1ade que aqu\u00e9llos deben tener un lugar preferente en la sala.<\/p>\n<p>La STC de 19-4-2004, reafirma la posici\u00f3n que llevamos sustentando en todas las argumentaciones anteriores. \u00c9sta dirime y da por zanjadas las actuaciones anteriores: el recurso de amparo interpuesto por la Federaci\u00f3n de Asociaciones de la Prensa contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999 y contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 12 y 25 de septiembre de 1995, que aprobaron las \u201cNormas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo\u201d, y asimismo contra el Acuerdo del Pleno del CGPJ General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, que hab\u00eda estimado parcialmente el recurso administrativo ordinario interpuesto contra los Acuerdos del Tribunal Supremo.<\/p>\n<p>Todos los recursos presentados ante las diferentes instancias alegaban que se vulneraba su derecho a la libertad de informaci\u00f3n. El CGPJ los estim\u00f3 parcialmente, pero su resoluci\u00f3n fue impugnada y recurrida mediante dos nuevos recursos contencioso-administrativos ante el TS, que los desestim\u00f3.<\/p>\n<p>La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, mediante Acuerdo de 25 de septiembre de 1995, hab\u00eda dado una nueva redacci\u00f3n a las \u201cNormas&#8230;\u201d modificando ligeramente la sexta, relativa al \u201cAcceso al Palacio de los medios de comunicaci\u00f3n social\u201d, que pas\u00f3 a disponer:<\/p>\n<p>\u201c1. Los profesionales de los medios de comunicaci\u00f3n social podr\u00e1n acceder a los actos jurisdiccionales o gubernativos que se celebren en r\u00e9gimen de audiencia p\u00fablica con sujeci\u00f3n a las normas generales de seguridad. La Secretar\u00eda de Gobierno extender\u00e1 las oportunas acreditaciones e identificaciones. Cuando en un acto de la naturaleza de los expresados la capacidad de la sala o local no fuere bastante para permitir el acceso de quienes pretendan asistir a ellos, los profesionales de la informaci\u00f3n tendr\u00e1n derecho preferente.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>La informaci\u00f3n que pueda derivarse de los actos a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior y, en general, de los asuntos de la competencia del Tribunal, se efectuar\u00e1 por el Gabinete T\u00e9cnico del Tribunal Supremo y en la correspondiente Sala de Prensa.<\/li>\n<li>No se permitir\u00e1 el acceso con c\u00e1maras fotogr\u00e1ficas, de v\u00eddeo o televisi\u00f3n al Palacio del Tribunal Supremo, salvo a los actos de apertura del a\u00f1o judicial, tomas de posesi\u00f3n y otros gubernativos solemnes\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Federaci\u00f3n recurri\u00f3 en amparo ante el Tribunal Constitucional poniendo el foco en estos tres puntos de la norma sexta. Las alegaciones que fueron presentadas no difieren sustancialmente de las que hemos venido desgranando en este trabajo, e incluso haciendo referencia a la doctrina y a algunos art\u00edculos de la CE que antes hemos citado y atribuyendo a los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo la vulneraci\u00f3n del derecho a la informaci\u00f3n, garantizado en el art. 20.1 d) CE, y aduciendo que dichos Acuerdos no permiten una informaci\u00f3n directa y proh\u00edben de forma absoluta el acceso al Palacio del Tribunal Supremo con c\u00e1maras fotogr\u00e1ficas, de v\u00eddeo o de televisi\u00f3n.<\/p>\n<p>La STC de 19-4-2004 expresa en su fundamento jur\u00eddico 2 que \u201c&#8230;el car\u00e1cter impeditivo de la norma impugnada &#8216;permite imputarle directamente, sin necesidad de acto alguno de aplicaci\u00f3n, la lesi\u00f3n que se pretende haber sufrido y, desde este punto de vista, nada hay que se oponga a la tramitaci\u00f3n del presente recurso&#8217;\u201d (STC 121\/1997, de 1 de julio, FJ 5). Y en el 3: \u201cEste Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la relaci\u00f3n existente entre el derecho a comunicar o recibir libremente informaci\u00f3n veraz [art. 20.1 d) CE] y el principio de publicidad de las actuaciones judiciales (art. 120.1 CE) &#8230;\u201d. Y al tratar de la transmisi\u00f3n de los juicios: \u201cEsta proyecci\u00f3n no puede hacerse efectiva m\u00e1s que con la asistencia de los medios de comunicaci\u00f3n social, en cuanto tal presencia les permite adquirir la informaci\u00f3n en su misma fuente y transmitirla&#8230;\u201d.\u00a0 Y asimismo en el 4: \u201cLas audiencias p\u00fablicas judiciales son, pues, una fuente p\u00fablica de informaci\u00f3n&#8230;\u201d.<\/p>\n<p>En los siguientes fundamentos la sentencia menciona algunas de las excepciones que m\u00e1s arriba se han enumerado, corroborando que ha de garantizarse la seguridad y a\u00f1adiendo que es causa de exclusi\u00f3n de los medios la posible intimidaci\u00f3n de los procesados, testigos, defensores, etc.<\/p>\n<p>En cuanto al punto 3 de la norma sexta \u2014que es el n\u00facleo del debate\u2014, ya ha hemos dejado bien claro, en nuestras l\u00edneas y en esta sentencia del TC que estamos analizando, que los medios de comunicaci\u00f3n escritos y audiovisuales tienen el derecho \u2014y quiz\u00e1 el deber\u2014 de transmitir desde las salas donde se celebra el \u201crito\u201d de la justicia. En el fundamento jur\u00eddico 7 se dice que \u201cno es compatible, pues, con la actual legislaci\u00f3n reguladora del ejercicio de la libertad de informaci\u00f3n (art. 20.4 CE) el establecimiento de una prohibici\u00f3n general con reserva de autorizaci\u00f3n en cada caso del acceso de medios de captaci\u00f3n y difusi\u00f3n de im\u00e1genes a las audiencias p\u00fablicas\u201d. Con los fundamentos citados, el fallo no pod\u00eda ser menos que restablecer el derecho que el ya aludido punto 3 de las \u201cNormas&#8230;\u201d hab\u00eda eliminado, matizando y denegando con su decisi\u00f3n todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n<p>\u00abPrima el derecho a la informaci\u00f3n escrito o audiovisual en las salas de audiencia, ello no es obst\u00e1culo para impartir justicia, pues las limitaciones \u2014incluso interpretadas \u201crestrictivamente\u201d\u2014 son suficientes y garantizan la correcta realizaci\u00f3n del juicio, cuya &#8216;finalidad esencial es&#8230; el hallazgo de la verdad procesal'\u00bb.<\/p>\n<p>El \u00fanico voto particular discrepa, en su punto 5, de la interpretaci\u00f3n del art. 120 CE y sostiene que cuando la Constituci\u00f3n declara que las actuaciones judiciales ser\u00e1n p\u00fablicas \u201cse refiere a una publicidad judicial inmediata\u201d (ya hemos especificado que la publicidad inmediata quiere decir que el p\u00fablico puede asistir a los juicios). No est\u00e1 de acuerdo con la publicidad judicial mediata (recordemos: el acceso de c\u00e1maras, micr\u00f3fonos y dem\u00e1s tecnolog\u00eda a la sala de audiencia). Basa su discrepancia en que este \u00faltimo tipo de publicidad \u201cincide en forma activa en el desenvolvimiento del proceso judicial, modificando su desarrollo, y puede afectar negativamente a su finalidad esencial, que es, como dije, el hallazgo de la verdad procesal\u201d (punto 6). Para sostener esta afirmaci\u00f3n, que resume su voto, recurre sobre todo al Derecho comparado: desde el \u201c<em>contempt of Court<\/em>\u201d, brit\u00e1nico o australiano, a la experiencia norteamericana, donde \u201cel Tribunal Supremo afirm\u00f3 en 1965 (caso Estes v. Texas) que la cl\u00e1usula del <em>due process of law<\/em>, de la XIV.\u00aa Enmienda de la Constituci\u00f3n, prohib\u00eda retransmitir por televisi\u00f3n un caso criminal sensacionalista\u201d. Apela tambi\u00e9n al segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 169 de la Ley alemana del poder judicial (<em>Gerichtsverfassungsgesetz<\/em>) e indica que \u201cla misma soluci\u00f3n negativa rige en Austria, conforme al par\u00e1grafo 22 de la Ley de Medios\u201d (punto 7). Y en cuanto a la doctrina espa\u00f1ola, expone, refiri\u00e9ndose a las \u201cNormas&#8230;\u201d que repetidamente hemos citado: \u201cEs perfectamente posible, seg\u00fan nuestra doctrina, impugnar directamente en amparo normas reglamentarias, con independencia de sus actos de aplicaci\u00f3n (SSTC 141\/1985, de 22 de octubre, FJ 2, 123\/1987 de 15 de julio, FJ 1, 189\/1987 de 24 de noviembre, FJ 3, entre otras)\u201d.<\/p>\n<p>En definitiva, para dar por terminado el debate y exponer la conclusi\u00f3n hemos de remitirnos a la Constituci\u00f3n y a la abundante jurisprudencia aportada, donde queda meridianamente claro que <strong>prima el derecho a la informaci\u00f3n escrito o audiovisual en las salas de audiencia<\/strong>, y que ello no es obst\u00e1culo para impartir justicia, pues las limitaciones \u2014incluso interpretadas \u201crestrictivamente\u201d\u2014 son suficientes y garantizan la correcta realizaci\u00f3n del juicio, cuya \u201cfinalidad esencial es&#8230; el hallazgo de la verdad procesal\u201d, efectivamente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><a href=\"https:\/\/www.montero-aramburu.com\/contactos\/purificacion-pujol-capilla\/\">Purificaci\u00f3n Pujol<\/a>. Montero Aramburu Abogados<\/h4>\n<h2>Cabe la reproducci\u00f3n de este texto siempre que se mencione a PROA como su fuente original<\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre las caracter\u00edsticas esenciales que definen el juicio, es decir, presencia, debate y contradicci\u00f3n; realizaci\u00f3n de forma oral, y publicidad de la audiencia, esta \u00faltima no es la menos importante, sino que comparte con las otras su car\u00e1cter de esencial. 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