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Análisis

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Roberto Ruiz Ballesteros —— ¿Y si empezamos por no prejuzgar nosotros?

Para paliar el daño provocado por la pena de telediario sería bueno reflexionar sobre cómo vertemos las opiniones cada uno en redes sociales, cenas con amigos o incluso en el propio ambiente de trabajo. Es muy complicado reconocer que uno mismo no tiene un juicio formado sobre cosas importantes.

Que la pena de telediario puede acabar con la vida de las personas quedó claro el pasado lunes 17 de enero durante el Observatorio que PROA celebró en el Club Financiero Génova. El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, el magistrado Antonio del Moral, el abogado Luis Jordana de Pozas y la periodista de El Mundo Ángela Martialay coincidieron en que el daño que pueden provocar los juicios paralelos a los que se ven sometidos las personas o entidades envueltas en procedimientos judiciales mediáticos en no pocas ocasiones llega a ser irreparable.

Los policías a los que la Fiscalía Anticorrupción acusó de llevarse dinero de la mafia china en el marco del caso Emperador fueron exonerados por el Tribunal Supremo ocho años después de que comenzara la investigación que los estigmatizó ante la sociedad para siempre. Todos ellos quedaron marcados por aquel procedimiento penal. Durante la ‘eternidad’ que duró el procedimiento, algunos perdieron su trabajo o vieron truncada su proyección profesional; otros fueron testigos pasivos de cómo se complicaba su vida personal hasta no volver a ser la misma; todos dejaron de ser los mismos.

El que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona entre 2010 y 2014, Sandro Rosell, pasó más de dos años en prisión por una acusación que finalmente resultó ser indemostrable. Su reputación cayó hasta el punto de afectar seriamente a sus negocios. De hecho, ahora reclama 30 millones de euros al Estado para resarcir ese daño que asegura haber sufrido tanto en su proyección profesional como en su esfera personal.

Los ejemplos del estropicio que los juicios paralelos han provocado en las personas y en las entidades son interminables. El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Carlos Maciá ha elaborado una lista de más de una veintena de procedimientos penales que han degenerado en juicios mediáticos indeseables para la investigación o para las personas envueltas en la causa.

El juez del Supremo Antonio del Moral se resignó durante su intervención en el mencionado Observatorio PROA. Admitió que hay un alto porcentaje de ese daño provocado por el eco mediático y lo que se difunde a través de redes sociales que resulta “inevitable”. Hay que asumir, dijo, que eso es así y no podrá solucionarse en el futuro.

La frase dejó a muchos de los asistentes perplejos. El fiscal Zaragoza justificó que no forma parte del proceso penal el hacer frente a ese daño colateral que se produce durante la investigación y siempre antes de la sentencia. Sin embargo, tampoco este descargo satisfizo a los presentes, que en su mayor parte pertenecían al ámbito de la abogacía y representaban, por lo tanto, los intereses de las personas que precisamente habían sido perjudicadas alguna vez por la citada pena de telediario.

Tras reflexionar sobre lo hablado en esta jornada, pensé que sería bueno poner negro sobre blanco tres ideas que en mi opinión sí que podrían ayudar a que la sociedad se encamine hacia una solución. O al menos hacia una reducción del daño. La primera es la de reconocer la realidad, paso esencial previo a cualquier búsqueda de soluciones: el Estado no es hoy por hoy capaz de dar respuesta a las injusticias que provocan, aunque sea de forma indirecta, procesos que en teoría están diseñados para hacer justicia. Es complicado cuantificar y más aún probar el daño reputacional, el lucro cesante y en definitiva lo que podría haber sido y no fue. Pero aún más difícil es resarcir con dinero intangibles perdidos por el camino como el ánimo, la ilusión, los contactos, la buena imagen, la amistad, la confianza o incluso la pérdida de personas cercanas.

En segundo lugar, hago mía una de las ideas lanzadas por Martialay y subrayada por Jordana de Pozas durante su intervención en el mencionado foro. Los imputados deberían hablar más con la prensa, dijeron ambos con palabras diferentes. El estatuto del ministerio público ampara a la Fiscalía para que ésta pueda contar a la prensa cómo van sus investigaciones. Ninguna norma, sin embargo, respalda al investigado, que más bien al contrario se ve cohibido por el secreto de las actuaciones judiciales que suelen ordenar los instructores. Jordana de Pozas puso el ejemplo de una empresa que había aparecido en los medios por un supuesto asunto de corrupción del que luego fue absuelta. Por el camino, perdió miles de millones en negocios paralizados y tuvo que despedir a 15.000 personas.

¿No será, por lo tanto, que a veces es más importante el juicio paralelo que el procesal? Las consecuencias de ser sometido a la opinión pública tienen en ocasiones efectos irreparables tanto para las personas físicas como para las jurídicas. De ahí que, como destacaron De Pozas y Martialay, sea fundamental que quienes se vean envueltos en una causa penal le den importancia a ese juicio paralelo desde el principio. La periodista de El Mundo resaltó, de hecho, la trascendencia de ponerse en manos de profesionales. Y yo lo subrayo. ¿Si quien tiene problemas con la justicia busca rápidamente un abogado, por qué no requiere también a un experto en opinión pública cuando ese asunto tiene una clara trascendencia mediática?

Por último, el debate me hizo reflexionar profundamente sobre una de las ideas que yo mismo destaqué en la presentación. El problema de los juicios paralelos entronca directamente con una de las esencias del ser humano, esa tendencia que todos tenemos a prejuzgar y a juzgar al vecino. No somos capaces de reconocer que en la inmensa mayoría de ocasiones no tenemos datos suficientes para emitir ese juicio de valor. Tampoco somos contenidos para comprender que si expresamos esa opinión inconsistente y hacemos partícipes de ella a otras personas como si realmente fuera una verdad contrastada, estamos contribuyendo a aumentar la bola de nieve del juicio paralelo e incluso a construir fake news. Y no hablo únicamente de lo que podamos decir sobre un vecino, sino también de quienes vemos en los medios, pues también son personas quienes aparecen en los telediarios.

Por supuesto, los juicios de valor inconsistentes no son vertidos únicamente en las cenas con amigos. Quizá estos sean los menos peligrosos para la reputación de la víctima. Las redes sociales se han convertido en un patio de vecinos descontrolado donde tiene más repercusión en la generación de juicios previos en las cabezas de los usuarios un perfil anónimo con cientos de miles de seguidores o la cuenta de un influencer experto en videojuegos que la opinión formada de cualquier especialista. Los dos primeros lanzan zascas que tuercen el parecer de los ciudadanos en un instante. Los segundos se dirigen a la razón y ésta requiere de un proceso más largo para imprimir carácter en el receptor. Como siempre, es bueno mirar primero dentro de uno mismo y luego analizar lo de fuera con ojos limpios.

 

Cabe la reproducción de este texto siempre que se mencione a PROA como su fuente original

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