El abogado penalista Pau Molins, defensor de la infanta Cristina en el juicio del Caso Noos, ha afirmado que esta “fue sentada en el banquillo de forma injusta” y “nadie le ha pedido disculpas” después de su absolución. Molins realizó esta declaración en la segunda edición del Observatorio ‘La pena de telediario’, organizado hoy en el Círculo Ecuestre de Barcelona por la consultora Proa Comunicación, la primera de España que ha creado un departamento que tiene por objeto luchar en la opinión pública contra los juicios paralelos.

En el evento, inaugurado por Enrique Lacalle, vicepresidente del Círculo Ecuestre, y presentado por Lucía Casanueva, socia directora de PROA, han intervenido también Juan Carlos Campo, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia; Neus Pujal, fiscal jefe de Sabadell, y Ángela Martialay, jefa de Tribunales del diario El Mundo.

Molins ha centrado su intervención en varios casos reales en los que, tras años de proceso judicial, e incluso cárcel de los acusados, estos han sido absueltos y se han convertido en lo que él ha llamado “culpable sin defensa”. Respecto al ‘caso Noos’, que sentó a la infanta Cristina en el banquillo, ha señalado con contundencia que “esta mujer estaba condenada, hasta a la propia Monarquía le debía convenir”. A lo que ha añadido que esto se produjo “por la presión del pueblo y de determinados partidos políticos”. Además, ha mostrado su asombro por el hecho de que “los medios que la juzgaron siguen diciendo que es culpable”. Y ha considerado que los juicios paralelos “acaban convirtiéndose en el único juicio válido”.

Los culpables de que se produzcan estos juicios paralelos son para el abogado, “quien filtra la información (juez, fiscal o policía judicial)”, “la competencia tremenda entre los medios”, “las filtraciones indebidas” y “la imprecisión de la información periodística publicada”. Algo para lo que, en su opinión, no existe “ninguna” solución.

De izq. a dcha.: Valvanuz Serna Ruiz, socia directora de PROA; Juan Carlos Campo, magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia; Neus Pujal, fiscal jefe de Área de Sabadell; Ángela Martialay, redactora jefa de Tribunales de El Mundo; Pau Molins, abogado penalista; y Lucía Casanueva, socia directora de PROA.

Por su parte, el magistrado y exministro Juan Carlos Campo, primero en intervenir, ha definido los juicios paralelos como aquellos en los que se hable “de un asunto ‘subjudice’, en los que se hable con la intencionalidad de manifestarnos sobre la culpabilidad o inocencia y que sea capaz de pervertir, incluso, la mente de aquellos que van a juzgar”. Al tiempo que ha señalado que se producen “cuando en una coctelera se mezclan el derecho a la información, las reglas del derecho penal y el deseo de una ciudadanía ávida de opinión”.

En este sentido, ha manifestado que uno de los problemas es que la información, “que debe ser veraz”, “va trufada de opiniones”. Otro, que muchas veces no se mantiene el secreto en los procesos penales y se atenta contra la dignidad y la presunción de inocencia y un tercero –compartido por todos los ponentes-, que la Justicia “es muy lenta y todos vivimos en la era de la prisa”.

En definitiva, Campo ha opinado que los juicios paralelos son “un problema de convivencia” para el que hay que buscar soluciones que permitan lo que él llamó “la conllevanza”. Al mismo tiempo, ha advertido que “la salud democrática de un país viene determinada por cómo aborda estos problemas”.

Como solución para poner fin a sus consecuencias, ha propuesto el uso de varias herramientas: códigos deontológicos que permitan separar opinión e información, una justicia más rápida y la articulación de mecanismos para informar desde las instancias judiciales, “como el modelo holandés del juez comunicador”, “porque el conocimiento es fuente de tranquilidad”.

También la fiscal Neus Pujal se ha declarado partidaria de la transparencia y de que haya canales oficiales para que jueces y fiscales puedan informar –“solo la información que sea necesaria”- con el fin de paliar los efectos negativos de los juicios paralelos, declarándose envidiosa de la forma “tan respetuosa con la presunción de inocencia” en que se informa desde las fiscalías en otros países de Europa. No obstante, ha opinado que el problema “no son los medios de comunicación, sino las redes”.

Concretamente, se ha mostrado muy crítica con el hecho de que en muchos casos las investigaciones saltan a los medios antes de iniciarse el proceso y hay investigados que se enteran a través de ellos de que lo están siendo.

Aun siendo consciente de que es difícil acabar con las filtraciones, ha subrayado que “nunca se ha de revelar el contenido de las diligencias” y ha pedido extremar el cuidado y evitar los detalles escabrosos en los casos relacionados con abusos a menores.

La periodista Ángela Martialay ha puesto el foco en la polarización social como causante de los juicios paralelos. “Los responsables políticos han judicializado todo, todo se lleva al derecho penal”, ha comentado. Y, al igual que la fiscal Pujal, ha destacado la influencia de las redes sociales, “no las controla nadie, con perfiles anónimos opinan sobre procedimientos penales en curso ministros, presidentes de comunidades autónomas…”. También ha puesto de relieve que “los medios ayudamos a que haya opinión pública y libre en la sociedad y ejercemos la función de vigilancia del poder, somos los ojos y la voz de los ciudadanos”.

Su solución para luchar contra los juicios paralelos –también apuntada por otros ponentes-: la transparencia, pues “los cauces oficiales de información ayudan a que haya menos ruido mediático”. “Tenga una buena estrategia de comunicación para que su versión llegue a la sociedad”, ha aconsejado a los encausados.