Hace tiempo ya que en las investigaciones judiciales que implican a personas o entidades de renombre se producen dos procedimientos en paralelo. Por un lado, el juicio penal. Por otro, el mediático. Lo primero afecta claramente a lo segundo y así lo puso de manifiesto el pasado viernes el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, durante su participación en un seminario celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
A cuenta de la reciente imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en el caso Tándem, que investiga los espionajes del comisario José Villarejo por encargo de empresas cotizadas, Buenaventura destacó que el asunto ha provocado un «desgaste reputacional» no solo en la eléctrica, sino incluso en todo el Ibex por el efecto contagio. La erosión del prestigio de la marca ha tenido de hecho consecuencias inmediatas en la caja de Iberdrola, que desde que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la imputación de su principal directivo ha perdido casi un 5% en bolsa, lo que en términos absolutos ha supuesto una reducción del valor de la compañía de 3.000 millones de euros.
Para lograr salir airoso de un asunto judicial de esta envergadura, parece lógico que los afectados contraten a los abogados más prestigiosos. Galán, por ejemplo, ha fichado a Carlos Domínguez, quien defendió a Juan Miguel Villar Mir en el caso Púnica. El letrado logró sacar al fundador de OHL del espinoso asunto cuando parecía acorralado y tratará ahora de hacer lo propio con el presidente de Iberdrola. La presencia de un buen penalista, por lo tanto, se torna fundamental en estos casos.
Sin embargo, lo segundo también puede afectar a lo primero. El peso de la opinión pública es capaz de condicionar la deriva del procedimiento. Uno de los casos que mejor reflejan esta influencia tuvo lugar en Linares el pasado marzo después de la pelea de bar que enfrentó a dos policías fuera de servicio con un ciudadano. Tras el desagradable episodio, los medios de comunicación sacaron la noticia con enfoques que mayoritariamente situaban a los funcionarios como agresores y al ciudadano como víctima.
Una amplia masa de simpatizantes de este último, de hecho, tomó las calles de la ciudad al día siguiente y mantuvo enfrentamientos con la Policía Nacional para protestar por lo que entendía un ataque injustificado de las fuerzas opresoras contra un padre de familia y su hija. La gente incluso se agolpó en torno a los juzgados en el momento en el que el juez tenía que decidir sobre la libertad o la prisión provisional de los agentes. Tras ‘deliberar’, el magistrado metió entre rejas a ambos y liberó al ciudadano.
Días después, sin embargo, la cuestión dio un vuelco. La defensa letrada de los funcionarios recurrió y la Audiencia Provincial de Jaén le dio la razón. Puso en libertad a los dos policías con un duro auto en el que censuró la actuación del juzgado de instrucción que había metido entre rejas a los agentes. El alto tribunal calificó de excesiva la medida privativa de libertad y criticó al juez por tomar la decisión motivado por la «alarma social» que en ese momento había estallado en la calle y justo después de lo que denominó «asedio a la sede judicial». Según la Audiencia Provincial, por lo tanto, el juez falló movido por la presión popular.
Parece claro por ello que los implicados en un procedimiento judicial con repercusiones mediáticas deben pensar necesariamente en esa doble dimensión, que pasa por contar con una buena defensa letrada y por tener en cuenta la deriva mediática. Tanto el juez como la opinión pública les someterán a juicios diferentes, con reglas dispares cada uno, pero cuyas consecuencias repercutirán en el otro. Obviar la existencia de este pleito paralelo sería situarse al margen de la realidad.
El que fuera fiscal jefe de Sevilla, ahora reconvertido en veterano abogado, Alfredo Flores, lo dijo claramente en un reportaje publicado por El País en 1998, cuando todavía ejercía como representante del ministerio público. «Los juicios paralelos no tienen solución», sentenció el hombre que investigó a Juan Guerra. Hoy existen cientos de medios de comunicación más que hace 23 años, cuando Flores pronunció aquella frase, pero la máxima tiene incluso más sentido que entonces.
Proa, que lleva más de una década asesorando a empresas sobre reputación, entiende que en el marco de su trabajo es fundamental tener en cuenta estas implicaciones judiciales a las que tarde o temprano deben enfrentarse entidades o personas. En algunos casos, por asuntos penales, que por la posibilidad de conllevar un castigo de cárcel son objeto de portadas de importantes medios. Pero en muchas otras ocasiones, por motivos laborales o mercantiles, que no necesariamente implican un segundo nivel de relevancia mediática, pues son múltiples las consecuencias que tienen en la opinión pública la aprobación de un ere que afecta a gran parte de la plantilla (BBVA o Caixabank) o un conflicto accionarial, por poner algunos ejemplos.
Adelantarse a los acontecimientos, estar preparados para lo que pueda suceder con un sólido plan de contingencia o saber aprovechar los elementos favorables que ofrece la propia causa se tornan esenciales para moderar un daño reputacional sobre la marca que, sin este trabajo, puede resultar mortal de necesidad para la entidad o la persona implicadas en el procedimiento judicial. La defensa letrada no está sola en esta pelea procesal que ya no solo se disputa intramuros. Impulsar causas que no avanzan, recuperar el prestigio ante la opinión pública o simplemente explicar adecuadamente lo que está sucediendo en el marco de la causa pueden ayudar a mantener la dignidad y la notoriedad e incluso a impulsarla en plena crisis.
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Roberto Ruiz Ballesteros